Importante Firma de Desarrollo Inmobiliario en México, promueve Juicio de Amparo en contra del Artíc

Importante firma inmobiliaria en la Ciuadad de México, contrató los servicios del Despacho Vargas, Jové & Partners, S.C., para impugnar la negativa por parte de la Asamblea de Representantes de la Ciudad de México de aprobar el cambio del uso del suelo en un predio de la Delegación Benito Juárez, por considerar que la Asamblea actúo de manera ilegal, contrario a nuestra Constitución.


Es ampliamente conocido el proceso establecido en el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distirto Federal, por el que se permite el cambio de uso de suelo en favor de particulares. El proceso comienza con una solicitud ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México que una vez integrada con los requisitos establecidos en la normativad secundaria, permite el estudio por parte de los miembros del Comite de Modificaciónes de S.E.D.U.V.I., y en su caso la aprobación del proyecto presentado por el particular.


En el caso, el consorcio inmobiliario obtuvo una respuesta favorable por parte del Comite de Modificaciones y posteriormente esté lo remitió a la Oficina de Gobierno de la Ciudad de México para la elaboración del dictámen correspondiente que fuéra presentado ante la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y que de manera sorpresiva en sesión de la comisción aludida, aprobara todos los argumentos y la viabilidad del proyecto pero en las conclusiones decidió desecharla. Toda una sin razón y afrenta a los principios de la lógica Cartesiana.


Aasí las cosas con la friolera determinación de la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, dirigida por su otrora Margarita Fisher, el consorcio inmobiliario interupso demanda de amparo que fuera resuelta en el mes de diciembre de manera favorable, argumentando el Juez de Distrito, en Materia Administrativa, competente en el Distrito Federal, que la autoridad responsable violentó las garantías de seguridad y legalidad jurídicas del consorcio inmobiliario y por tanto ordenó la sesión del mismo dictámen en la Comisión.


Ahora es de todos sabido que la Comisión se fué por la tangente y elaboró un NUEVO dictámen obviando el dictámen anterior y transgrediendo los más elementales principios de Derecho Adminsitrativo. En espera de la última palabra de nuestro más Alto Tribunal.

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